Petroperú solicita rectificación a diario La República

Señor
Gustavo Mohme Seminario
Director Diario La República
Att: Sra Gloria Purizaca
Presente.-

Estimado Sr. Mohme:

Me es grato saludarlo y aprovechar la oportunidad para solicitarle la rectificación de la información difundida en el artículo titulado “Petroperú debe casi 22 millones de soles por infracciones en Oleoducto Norperuano” publicada por su unidad de Datos de “La República” el 18.11.2022, ya que se trata de información falsa y que resulta necesario aclarar.

La nota afirma que la “retención” de una embarcación con 70 personas por parte de “una comunidad” el pasado 05.11.2022 se debió a “la inacción del Estado peruano para remediar la contaminación ambiental producida por los derrames de petróleo en Loreto”. Esta primera afirmación carece de sustento fáctico y resulta contraria a la verdad, ya que la citada acción - que constituye una medida de fuerza ejercida contra el derecho al libre tránsito- fue ejecutada por la población, las autoridades comunales y los dirigentes de las organizaciones indígenas vinculadas con la comunidad nativa Cuninico y otras, cuyo origen es la demanda de servicios básicos.

Sobre las acciones de limpieza y remediación ambiental, éstas han sido ejecutadas por PETROPERÚ desde el primer momento en que se produjo el derrame (16.09.2022) ocasionado por un corte intencional por terceros ajenos a PETROPERÚ a la tubería del Oleoducto. También debe precisarse que estas actividades se han ejecutado en aquellas zonas afectadas en las que hay posibilidad de hacerlo, ya que desde el 23.09.2022 la población, las autoridades y dirigentes de Cuninico han bloqueado el río Cuninico y han afectado el tránsito fluvial del río Marañón, impidiendo el paso de embarcaciones, lo cual ha sido constatado incluso por el Ministerio Público. En este sentido, rechazamos la afirmación de supuestas inacciones a cargo de PETROPERÚ para atender el derrame.

Se menciona en la nota bajo cuestionamiento la contingencia ocurrida el 16.09.2022 en el km 42+092 del Oleoducto Norperuano (ONP), sin mencionar que la población de la comunidad nativa Cuninico, sus autoridades y los dirigentes de la organización FEDEPCUM impiden desde hace casi dos meses las tareas de limpieza y remediación en el tramo del río Cuninico. Todo ello pese a las numerosas invocaciones públicas de PETROPERÚ y las autoridades del Ejecutivo para que se levante el bloqueo del río Marañón y se permita completar estas labores en la zona.

La nota afirma que “el derrame de septiembre se suma a una serie de infracciones medioambientales cometidas por la empresa estatal”. Esta afirmación busca confundir al público sobre la responsabilidad en el origen de los eventos que se han producido en el transcurso del presente año en el Tramo I del ONP, ya que las entidades competentes, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como las mismas autoridades comunales de Cuninico, han constatado que la tubería fue cortada deliberadamente por terceros; y, en consecuencia, no existe responsabilidad alguna de nuestra Empresa.

En la misma línea, otra omisión en la información de la nota se refiere a que, en lo que va del año 2022, se han producido 56 cortes en 12 ataques al ONP, hasta la fecha; hecho nunca ocurrido en la historia de la actividad petrolera en la Selva norte. Esta información, entre otra, fue proporcionada previamente a su Unidad de Datos por su gravedad y relevancia noticiosa, pero fue omitida en su nota.

Citando a una fuente, la nota atribuye a PETROPERÚ haber responsabilizado a “comuneros indígenas” de estos cortes: “esta no sería la primera vez que la compañía pública de hidrocarburos realiza esta afirmación” y, más adelante: “esta es la lectura mediática y que guía las acciones de Petroperú”. Estas afirmaciones son absolutamente falsas ya que PETROPERÚ nunca ha atribuido a nadie en particular la condición de autor (o autores) de estos atentados contra el ONP, ya que esta atribución debe ser resultado de una investigación a cargo de las autoridades competentes, en salvaguarda del principio de presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución, de la cual somos absolutamente respetuosos.

Rechazamos también que PETROPERÚ participe de “lecturas mediáticas”, ya que como ente estatal actúa de acuerdo con la normatividad vigente y en función a hechos objetivos comprobados de manera independiente por autoridades competentes; por lo que las cifras sobre el número de atentados contra el ONP que ofrecemos se corresponden con tal verificación técnico-jurídica y son datos oficiales.

La nota afirma que “al ser una empresa estatal, este dinero [de las multas] tendrá que salir del bolsillo de todos los peruanos”. Esa afirmación no es real, pues PETROPERÚ no recibe presupuesto del Estado para el cumplimiento de obligaciones administrativas; a pesar de que, recientemente, como una situación excepcional y coyuntural, el gobierno dictó medidas económicas y financieras para garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, recursos que solo vienen siendo empleados para la compra de crudo y productos, en estricto cumplimiento de la norma; lo cual además será informado a las autoridades competentes.

También se refiere la nota a la supuesta falta de medidas correctivas aplicadas y exigidas a la Empresa, manifestando que habría “flexibilidad hacia las empresas”. Sin embargo, no precisa a qué “flexibilidad” se refiere ni tampoco aportan prueba concreta sobre esta afirmación; es decir, se trata de una opinión sin datos reales. Lo que sí se demuestra en la nota es que, como empresa estatal respetuosa de la ley, PETROPERÚ asume su responsabilidad en los casos justificados y apela con sustento técnico y en el marco jurídico correspondiente en otros casos.

Cabe aclarar que PETROPERÚ cumple con efectuar la reparación, la limpieza y remediación ambiental en todos los sitios afectados por contingencias en el ONP, independientemente de las causas de estas; acciones que son supervisadas por los organismos fiscalizadores competentes, lo que puede ser además corroborado a través de los portales de transparencia de las instituciones fiscalizadoras.

La nota no menciona en ningún momento la responsabilidad de quienes perpetran estos atentados contra el ONP y que estos cortes generan una seria afectación al ambiente y riesgos a la salud y vida de los pobladores. En cambio, sugiere increíblemente –sin contar con respaldo alguno– que la responsabilidad de estos atentados recaería en PETROPERÚ. Cabe señalar que, si bien los autores de estas acciones delictivas aún no han sido identificados por las autoridades competentes, hay casos judicializados y los órganos jurisdiccionales vienen realizando las diligencias respectivas para determinar a los responsables.

Es por ello, que solicitamos a vuestro medio que en un plazo que no exceda de cinco (5) días de comunicada la presente carta, se sirvan efectuar las rectificaciones correspondientes sobre los puntos señalados en párrafos precedentes, publicando la presente carta rectificatoria en similar espacio y ubicación.

Atentamente,

Carla Santa Cruz Sandoval
Gerente (e) Corporativo Comunicaciones y Relaciones Institucionales

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